Pese a que estamos en 2024, la interrupción del embarazo sigue siendo oficialmente un delito penal en Alemania según el Código Penal, aunque el aborto está exento de castigo si se lleva a cabo dentro de los tres primeros meses de embarazo y la mujer ha recibido asesoramiento. Además, el aborto está expresamente permitido en caso de violación o si la vida o la salud física o mental de la mujer corren peligro. Sin embargo, ese marco legal tiene unos 30 años y ha sido criticado durante mucho tiempo.

Por este motivo, la coalición de gobierno alemana formada por los socialdemócratas (SPD), los verdes y los demócratas libres (FDP) está revisando la legislación para hacer una ley del aborto, y el día de hoy, una comisión nombrada por el gobierno presentó sus recomendaciones y pidió que se suprimiera la antigua prohibición constitucional del aborto. La novedad de esta recomendación es que los abortos dejarían de ser un delito penal. De hecho, la semana pasada, la revista alemana Der Spiegel hizo públicos extractos del informe: “La ilegalidad fundamental del aborto en la primera fase del embarazo es insostenible”, dice el informe. Por tanto, los legisladores deberían permitir el aborto dentro de las 12 primeras semanas de gestación.

El informe de la comisión pretende asesorar a los legisladores, pero no les obliga a tomar medidas. Teniendo en cuenta que falta un año para las próximas elecciones, parece poco probable que se proponga una nueva ley (y mucho menos que se apruebe) a corto plazo. Pero cabe esperar que el tema se debata en las campañas electorales. Sin embargo, no todo el mundo ha recibido el reporte con beneplácito: Los grupos y asociaciones religiosas han tenido reacciones muy diferentes. El arzobispo católico de Berlín, Heiner Koch, declaró que preferirían mantener la normativa vigente porque “valora tanto las necesidades y preocupaciones de la madre como la protección del feto”.

La asociación Pro Familia, en cambio, acogió con satisfacción las nuevas recomendaciones, y aboga por la despenalización total del aborto y la abolición del asesoramiento obligatorio. Vale la pena destacar que el gobierno ya ha aplicado, o está aplicando, otras medidas relacionadas con el aborto. Ya derogó el “párrafo 219a”, conocido como la prohibición de hacer publicidad del aborto: según esa ley, los médicos que daban información pública sobre abortos podían ser procesados, y muchos lo fueron.

Actualmente se está tramitando la prohibición de lo que se conoce como acoso en las aceras. Esto convertiría en delito menor que los activistas antiaborto protestaran agresivamente cerca de centros de asesoramiento, hospitales o consultas médicas que ofrezcan asesoramiento sobre el embarazo o practiquen abortos.

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