Argentina está enfrentando un retroceso en el acceso a los derechos reproductivos, advirtió recientemente Amnistía Internacional, ya que el gobierno de Javier Milei ha dejado de comprar y distribuir píldoras abortivas a nivel nacional desde diciembre de 2023, pasando esta responsabilidad a las provincias, muchas de las cuales reportan escasez de estos medicamentos esenciales. La medida afecta directamente a mujeres que buscan abortos legales, dificultando el acceso a servicios que antes eran gratuitos y accesibles a través del sistema público de salud.

En 2023, el Estado argentino suministró más de 166.000 dosis de misoprostol y combinaciones de mifepristona y misoprostol, pero en 2024 no se entregó ninguna dosis desde el gobierno central, lo que ha provocado que más de la mitad de las provincias enfrenten faltantes de misoprostol y casi todas tengan escasez de mifepristona y los combipacks necesarios para abortos seguros. Esta situación ha obligado a que algunas mujeres tengan que comprar por su cuenta medicamentos que pueden costar alrededor de USD $160, un gasto elevado para muchas.

Organizaciones como la Red Argentina por el Acceso al Aborto Seguro señalan que las provincias con gobiernos conservadores o con menos recursos económicos son las más afectadas por esta crisis en el suministro, lo que agrava las desigualdades territoriales y sociales en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Además, la falta de negociación centralizada para la compra de medicamentos ha encarecido y dificultado su adquisición por parte de las provincias.

Amnistía Internacional ha alertado que estas políticas forman parte de un retroceso global en derechos reproductivos, vinculadas a agendas ultra conservadoras como el Proyecto 25 impulsado por sectores de la administración Trump en Estados Unidos. La directora de Amnistía en Argentina, Mariela Belski, indicó que el país está siendo utilizado como “campo de pruebas” para restringir derechos ganados tras años de lucha feminista, con discursos antiaborto y recortes en políticas de género bajo el gobierno de Milei.

Desde la llegada de Milei al poder, se han cerrado dependencias clave como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y se han recortado programas de prevención de violencia de género y acceso a anticonceptivos, lo que ha impactado negativamente en la salud y derechos de las mujeres. El presidente ha calificado el aborto como “asesinato agravado” y ha expresado su intención de revertir la ley de aborto legal aprobada en 2020, que permitía la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas.

En provincias como Tucumán y La Rioja, médicos y activistas reportan un aumento de abortos inseguros y clandestinos debido a la falta de información, miedo a la persecución y escasez de medicamentos, con mujeres llegando a hospitales en etapas avanzadas del embarazo y con temor a ser juzgadas o penalizadas, dejando muy en claro un retroceso en el acceso a derechos que habían sido reconocidos recientemente y que ahora están bajo amenaza por decisiones políticas y recortes presupuestarios.

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