Cataluña aprueba una ley contra la LGTBI-fobia con multas de hasta 500.000 euros
El Parlament de Catalunya ha aprobado una nueva ley contra la LGTBI-fobia que actualiza la normativa vigente desde 2014 y amplía de forma significativa los ámbitos de protección del colectivo LGTBIQ+. La norma incorpora nuevas infracciones y redefine el régimen sancionador, con multas que oscilan entre los 300 y los 500.000 euros, con el objetivo de reforzar la respuesta institucional frente a la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales.
La proposición de ley, impulsada por PSC-Units, JxCat, ERC, Comuns y la CUP, ha salido adelante con el apoyo de 107 diputados, mientras que PPC, Vox y Aliança Catalana han votado en contra. Durante el pleno se votaron por separado dos artículos: el relativo a un protocolo ante situaciones de discriminación en la comunidad educativa, que fue rechazado, y el que regula el uso de la bandera LGTBIQ+, que sí obtuvo el aval de la cámara.
El texto consolida y amplía las políticas públicas en materia de diversidad, garantiza derechos específicos de las personas trans e incorpora el derecho a la libre autodeterminación de la identidad y la expresión de género. Entre las nuevas infracciones se incluye no tratar de forma intencionada a una persona conforme a su nombre o género sentido, así como la inclusión de cláusulas discriminatorias en negocios jurídicos. La ley también obliga al Govern a reforzar la financiación de los entes locales y a impulsar acciones específicas en zonas rurales para promover la visibilidad y el respeto a la diversidad.
El régimen sancionador se actualiza con multas de entre 300 y 10.000 euros para infracciones leves, de 10.001 a 40.000 euros para las graves y de 40.001 a 500.000 euros para las muy graves. Además, se insta al Govern a regular mecanismos para que las personas trans dispongan de documentación administrativa adecuada mientras no se produzcan los cambios registrales estatales. Entidades del colectivo LGTBIQ+ han valorado de forma positiva la aprobación de la norma, que consideran un paso clave para pasar de la proclamación de principios a la garantía efectiva de derechos frente a los discursos de odio.
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