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Perspectives

Chile: INDH y Amnistía Internacional detallan 2.520 violaciones a los DDHH a un año del estallido social

Este fin de semana se cumplen un año del estallido social en Chile. Fotografía: T13
Words Carlos Turmero

Este viernes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile presentó un informe en el que se detallan 2.520 violaciones a los derechos humanos desde el 18 de octubre de 2019, esto en vísperas al cumplimiento del primer aniversario del estallido social que sacudió a la nación sudamericana y que dejó como resultado centenares de heridos y un total de 36 fallecidos.

En vísperas también de la realización del plebiscito este próximo 25 de octubre, el informe presentado por el presidente del organismo, Sergio Micco, reseña que el 93% de las denuncias son para Carabineros, con 2.340 acciones legales en su contra. Más atrás aparece el Ejército, con 97 y la Policía de Investigaciones, con 34, según informa Bio Bio Chile. El organismo también destaca que sólo 31 denuncias han sido formalizadas, lo que ha dejado un saldo de 72 funcionarios imputados.

El balance contempló además una división por delitos. Así, 1.730 querellas se presentaron por apremios ilegítimos, 460 por torturas y 101 por violencia innecesaria. Asimismo, se anotaron cinco por homicidio, 35 por homicidio frustrado y una por violencia innecesaria con resultado de muerte.

En tanto, en el desglose por regiones, la Metropolitana y del Bío Bío concentraron el grueso de las denuncias, sumando 986 y 248 acciones legales, respectivamente. Les siguen Los Ríos (158), La Araucanía (156) y Coquimbo (139). De acuerdo a lo refrendado en el informe, la capital anota la mayor cantidad de funcionarios imputados: 53, en 17 causas formalizadas.

Por otra parte, Amnistía Internacional también dio a conocer este miércoles un nuevo informe titulado Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social, en el que hacen un balance de las denuncias de violaciones a derechos humanos en Chile, esto también con el propósito de hacer un balance de la situación un año después de las protestas masivas que se dieron en el país. En el informe pide que se investigue penalmente al alto mando de Carabineros por sus presuntas responsabilidades durante las revueltas, según señala CNN en Español.

Amnistía Internacional investigó a profundidad las violaciones del derecho a la vida y la integridad personal de 12 personas, a través de carpetas de investigación, expedientes judiciales, entrevistas con víctimas, personas defensoras de derechos humanos, y autoridades, entre ellas fiscales a cargo de las investigaciones. Además, la organización analizó más de 200 piezas videográficas y realizó 14 solicitudes formales de información a distintos ministerios, incluido el Ministerio del Interior.

Erika Guevara, directora para las Américas del organismo con sede en Reino Unido, aseguró que existen elementos convincentes de que los mandos habrían omitido de manera deliberada tomar medidas para prevenirlas, esto a pesar de tener pleno conocimiento de las graves violaciones que estaban cometiendo los subalternos.

“La cadena de omisiones que Amnistía Internacional identificó a lo largo de las rutas institucionales que podrían haber puesto fin a las violaciones de derechos humanos por parte de los mandos estratégicos de Carabineros, evidencia que lejos de ser hechos aislados cometidos por funcionarios actuando por cuenta propia, los actos de violencia se habrían cometido en base a una política cuyo fin último era desalentar la protesta social”.

De acuerdo con el organismo internacional, entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019 tuvieron lugar graves violaciones a derechos humanos, entre las que destacan el derecho a la integridad personal de los manifestantes de manera generalizada, dado que los mandos estratégicos no tomaron todas las medidas necesarias para prevenirlas.

“La Fiscalía Nacional debe asegurar que se investigue a varios mandos estratégicos del cuerpo policial de Carabineros como el director general, el subdirector general y el director de Orden y Seguridad, así como también a ciertos mandos operativos de la zona metropolitana, por su posible responsabilidad en las violaciones a derechos humanos cometidas durante el estallido social”.

El ente aseguró que si bien dicho corte temporal por razones estrictamente metodológicas, se siguieron registrando casos de uso excesivo de la fuerza policial hasta mediados de marzo de 2020 (momento en que las manifestaciones cesaron temporalmente debido a la pandemia del COVID-19). Recientemente, y tras la activación de algunas manifestaciones en Santiago, se registraron nuevos episodios de violencia policial, como el del caso de un joven de 16 años que cayó de un puente tras ser empujado por un carabinero, quien fue imputado por homicidio frustrado.

El nuevo informe de AI denuncia además que la ausencia de sanciones disciplinarias y el apoyo a la institución por parte del Gobierno permitió que agentes involucrados en violaciones de derechos humanos “permanecieran en sus puestos” y “alentó la repetición de violaciones debido a la impunidad imperante”. Según el ente, los abusos de Carabineros no se limitan al estallido social sino que forman parte de “un patrón constante e histórico que pone en evidencia la necesidad de realizar una reforma estructural y profunda de la fuerza policial”.

La respuesta de Carabineros

Ante estas aseveraciones, Carabineros señaló que el reporte contiene “una serie de imprecisiones y omisiones”. Además dijo que “da por probadas algunas denuncias graves” en contra de policías chilenos, pese a que “estas se encuentran actualmente siendo investigadas por el Ministerio Público y deberán ser juzgadas por los Tribunales de Justicia”.

Mientras tanto, el gobierno chileno lamentó que el informe realice “aseveraciones sobre hechos e informaciones que requieren ser actualizadas y se encuentran actualmente siendo investigadas por el Ministerio Público y en sede judicial”. Además, agregó que “no ha existido por parte de Carabineros una práctica o política premeditada o generalizada de uso de la fuerza con la intención de castigar a los manifestantes, como supone el informe en base a antecedentes de limitado alcance”, de acuerdo a CNN en Español.

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