Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, fue condenada a seis años de prisión por defraudar al Estado y deberá cumplir su condena en prisión domiciliaria en su casa del barrio porteño de Constitución, según lo decidió el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) el martes 17 de junio de 2025. Como parte de las condiciones para mantener esta modalidad de cumplimiento, se le impuso la obligación de usar una tobillera electrónica y se le prohibió salir al balcón de su domicilio para evitar “alteraciones en la convivencia vecinal”.

El balcón tiene un significado simbólico muy fuerte en la política argentina, especialmente en el peronismo, pues es el lugar desde donde los líderes históricos saludan y son aclamados por las masas. La prohibición de que Cristina Kirchner se asome al balcón representa una medida de gran impacto político y una humillación para la exmandataria, quien fue vicepresidenta hasta hace poco y es la principal líder opositora actual.

Desde la confirmación de su condena el 10 de junio, miles de simpatizantes de Kirchner acamparon frente a su casa, generando un clima de movilización política que inquietó al gobierno de Javier Milei y a la justicia. Sin embargo, la Justicia ordenó que la expresidenta debe abstenerse de comportamientos que perturben la tranquilidad del vecindario, lo que se interpreta como una prohibición tácita para salir al balcón y realizar actos públicos desde allí.

La tobillera electrónica que deberá portar es un dispositivo de monitoreo que se coloca en el tobillo y que funciona en conjunto con un sistema instalado en su domicilio. Este sistema permite a las autoridades supervisar en tiempo real que la expresidenta no salga del perímetro autorizado ni manipule el dispositivo. Además, deberá atender un teléfono que puede sonar en cualquier momento para verificar su cumplimiento.

La colocación de la tobillera demorará algunos días, ya que especialistas del Ministerio de Seguridad deben realizar estudios socioambientales y técnicos para evaluar las condiciones del lugar y garantizar la correcta transmisión de la señal. La Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica, dependiente del Ministerio de Seguridad nacional, será la encargada de colocar el dispositivo una vez que reciba la orden del tribunal. 

La decisión ha generado reacciones encontradas en la sociedad argentina. Algunos sectores afines a Kirchner denuncian que se trata de una proscripción política y una humillación, mientras que las autoridades judiciales y de seguridad defienden la aplicación de la ley y el monitoreo estricto para garantizar el cumplimiento de la condena. En medio de este contexto, se esperan marchas de apoyo a la expresidenta que confluirán en la Plaza de Mayo, frente al histórico balcón de la Casa Rosada que ella misma controló durante más de 16 años.

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