Erfan Soltani, un joven de 26 años oriundo de Fardis —una ciudad satélite de Karaj, al oeste de Teherán— fue detenido en su propia vivienda el 8 de enero de 2026, en medio de las protestas que se han extendido por todo Irán desde finales de diciembre. Organizaciones de derechos humanos como Hengaw y Iran Human Rights (IHRNGO) informan que no se le permitió acceso a un abogado desde el inicio de su detención y que su caso se tramitó con extrema rapidez, sin garantías de un juicio imparcial.

La familia de Soltani fue notificada días después de la detención sobre la condena a muerte por horca, programada tentativamente para el 14 de enero de 2026, aunque autoridades iraníes no han publicado fechas ni documentación oficial. La ONG Hengaw denuncia que ni siquiera se especificaron los cargos concretos ni la autoridad que realizó el arresto. La condena se basa en la acusación de “moharebeh” —hacer la guerra contra Dios— un delito capital bajo la ley iraní que se ha utilizado contra protestantes y opositores.

Familiares y cercanos han descrito un proceso que, si bien formalmente existió, careció de las garantías mínimas del debido proceso. Su hermana, que es abogada, intentó acceder al expediente y representarlo, pero fue impedida por las autoridades, que según testimonio de la familia no facilitaron ninguna información sobre el caso. La familia solo tuvo un breve encuentro de aproximadamente 10 minutos con Soltani en prisión antes de que se le informara de la sentencia definitiva, un gesto que organizaciones internacionales califican como una “despedida forzada”.

La respuesta internacional ha sido marcada y crítica. Organizaciones como Hengaw han condenado el proceso, señalando que “nunca hemos sido testigos de un caso que avanzara tan rápido” y que el uso de sentencias sin acceso a defensa legal ni transparencia constituye una violación de los estándares internacionales de derechos humanos. La Unión Nacional por la Democracia en Irán afirmó que “su único delito fue pedir libertad para Irán” y ha pedido intervención urgente.

Más allá de las ONG, actores políticos internacionales también han reaccionado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado a los iraníes a continuar las protestas y ha advertido que habrá “consecuencias severas” si continúan las ejecuciones de manifestantes, suspendiendo reuniones diplomáticas con Teherán hasta que cesen las ejecuciones y alentando a que se conserve memoria de los responsables de la represión. En tanto, la presión internacional se produce en un contexto de informes sobre miles de detenciones y al menos 2.000 fallecidos durante la represión estatal, cifras que reflejan la gravedad del conflicto entre el régimen y amplios sectores de la sociedad iraní.

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