El Senado mexicano aprueba la polémica reforma judicial en medio de protestas
Los senadores de México aprobaron esta semana una reforma judicial impulsada por el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, después de que el debate fuera suspendido brevemente por manifestantes que irrumpieron en la cámara alta en un intento de bloquear la votación. El Senado, dominado por el partido gobernante Morena de López Obrador y sus aliados, aprobó la controvertida reforma con 86 votos a favor y 41 en contra en una extensa sesión el miércoles, ganando la supermayoría de dos tercios necesaria para modificar la Constitución.
Con las nuevas medidas, México se convertirá en el primer país del mundo en permitir que los votantes elijan a los jueces de todos los niveles, incluido el Tribunal Supremo. Hasta ahora, los magistrados del máximo tribunal eran elegidos por el Senado a partir de una selección presentada por el Presidente. López Obrador, que quería que se aprobara el proyecto de ley antes de ser sustituido por su sucesora elegida Claudia Sheinbaum en octubre, afirma que los cambios significan que el poder judicial dejará de estar “al servicio de los poderosos, al servicio de la delincuencia de cuello blanco”.
Sin embargo, sus detractores, entre ellos empleados judiciales y estudiantes de Derecho, afirman que el plan podría amenazar la independencia judicial y socavar el sistema de pesos y contrapesos. Norma Piña, presidenta del Tribunal Supremo, afirmó que los jueces elegidos podrían ser más vulnerables a las presiones de los delincuentes en un país donde los poderosos cárteles de la droga utilizan habitualmente el soborno y la intimidación para influir en los funcionarios.
Durante el debate en el Senado, cientos de manifestantes irrumpieron en la cámara con tubos y cadenas coreando: “El poder judicial no caerá”. Los legisladores se vieron obligados a trasladarse a un antiguo edificio del Senado, donde reanudaron el debate mientras los manifestantes gritaban fuera: “¡Señor senador, detenga al dictador!”. López Obrador dijo que los manifestantes estaban protegiendo los intereses de la élite política.
La reforma, que ha tensado las relaciones con países como Estados Unidos y Canadá, permite la elección popular de más de 6.500 jueces, magistrados y ministros. También reduce el número de jueces del Tribunal Supremo de 11 a 9, la duración de sus mandatos a 12 años, suprime el requisito de una edad mínima de 35 años y reduce a la mitad la experiencia laboral necesaria a cinco años, entre otras cosas. Las elecciones para sustituir a la mayoría de los jueces se celebrarán en junio de 2025, y las del resto en 2027. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de México propondrán varios candidatos por función antes de que un comité técnico los seleccione. Los opositores afirman que el elevado número de cargos que se someterán a votación dificultará que los ciudadanos estén muy bien informados.
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