El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este martes desde el World Government Summit en Dubái que su Ejecutivo presentará una reforma legal para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, argumentando que los entornos digitales se han convertido en “un estado fallido” donde “se ignoran las leyes y se toleran delitos”. La medida, que será incluida como enmienda a la ley de protección de menores en entornos digitales y debatida en el Parlamento, busca proteger a la infancia de “adicción, abuso, pornografía, manipulación y violencia” en línea.

Según Sánchez, “nuestros hijos están expuestos a un espacio que nunca se pretendió que navegaran solos” y “no lo aceptaremos más”, por lo que España exigirá a plataformas como TikTok, Instagram o X sistemas de verificación de edad eficaces “no solo casillas de verificación, sino barreras reales que funcionen”. Además, anunció que la manipulación de algoritmos o la amplificación de contenidos ilegales será tipificada como delito y que los directivos que no retiren contenidos de odio o ilegales enfrentarán responsabilidad penal.

La iniciativa ha generado reacciones intensas en el plano internacional y tecnológico. Elon Musk, propietario de la red social X, respondió en la misma plataforma digital con críticas virulentas hacia Sánchez: “Sánchez sucio es un tirano y un traidor al pueblo de España”, calificativo reproducido públicamente en X por el empresario. El cruce expuso la tensión entre los intentos de los Estados por reforzar la protección de menores y la oposición de parte del sector tecnológico a asumir responsabilidades más estrictas sobre el impacto social de las redes en menores de edad.

Especialistas en psicología y derechos digitales han valorado la iniciativa desde perspectivas diversas. Para José Antonio Galiani, psicólogo clínico, la medida es “una intervención preventiva” porque “el cerebro adolescente aún no está preparado para enfrentar la presión emocional constante de las redes”, lo que contribuye a problemas como ansiedad, depresión y trastornos del sueño.

La propuesta sitúa a España en consonancia con países como Australia, Francia o Dinamarca, que han adoptado o están discutiendo restricciones similares a la presencia de menores en redes sociales, y forma parte de lo que Sánchez denominó una “coalición de países digitalmente dispuestos” para coordinar regulación más estricta del espacio digital. El debate que ahora se traslada al Parlamento combina preocupaciones por la salud mental de menores y la protección de derechos fundamentales con preguntas sobre privacidad, libertad de expresión y la capacidad real de hacer cumplir nuevas reglas frente a plataformas globales.

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