En España, los partidos PSOE, Unidas Podemos y ERC están discutiendo en el Congreso una enmienda transaccional a la “Ley Celaá” que eliminaría de la reforma educativa que el castellano sea la lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña. La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, justificó esta medida argumentando que “hay que dialogar” y reconocer “la diversidad” y “pluralidad” que se vive en España.

Según reseña El Mundo, el proyecto de ley aprobado en marzo en Consejo de Ministros recogía el mismo redactado que la Lomce: “Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable”.

Esta última frase sería la que desaparecería de la ley, según ha adelantado El País, y se sustituiría con una referencia a que las CCAA deben asegurar el derecho a recibir la enseñanza en castellano y las lenguas cooficiales de cada territorio de acuerdo con lo que prevén la Constitución y los Estatutos de Autonomía, tal y como pedían los partidos nacionalistas.

Fuentes de Unidas Podemos explican a El Mundo que esta enmienda se está negociando, “pero aún no está cerrada”. “Estamos en ello”, recalcan, y remiten a una próxima reunión de la ponencia de la Lomloe que previsiblemente se celebrará el jueves. Fuentes de ERC añaden que el objetivo de la enmienda es “asegurar al catalán como lengua vehicular”.

El resto de grupos parlamentarios no tenía constancia de esta enmienda, una concesión de última hora a los nacionalistas catalanes que supone es la sentencia a muerte del castellano en la escuela, ya seriamente amenazado en la propia ley, dado que el gobierno le ha entregado a Cataluña la capacidad de determinar qué asignaturas se dan en castellano y cuáles se imparten en catalán y en el proyecto de ley se elimina la obligación establecida por la Justicia de impartir clases en castellano en una proporción “razonable”.

Hasta donde se sabe, no se tiene contemplado ningún mecanismo para garantizar una enseñanza en castellano a las familias que lo reclamen, esto confiando en la buena fe de las autonomías para aplicar “los instrumentos de verificación, análisis y control propios del sistema educativo”, “promover” la “realización de análisis por parte de los centros, de modo que se garantice que todos los alumnos alcanzan la competencia en comunicación lingüística, en lengua castellana y en su caso en las lenguas cooficiales, en el grado requerido” e “impulsar” la adopción por parte de los centros de “las medidas necesarias para compensar las carencias que pudieran existir en cualquiera de las lenguas”.

Este cambio de ahora supondría la estocada mortal al castellano, que es lengua vehicular, junto al catalán, en las escuelas de Cataluña, tal y como ha reconocido reiteradamente el Tribunal Constitucional. El artículo 3 de la Carta Magna reconoce el carácter oficial del castellano, lo que lleva aparejado que sea lengua vehicular de la enseñanza. Numerosas sentencias judiciales han establecido la obligación de ofrecer al menos el 25% de las horas semanales de clase en castellano, el equivalente a una asignatura más, además de la Lengua Castellana y Literatura, algo en lo que la Generalitat incumple sistemáticamente estos fallos judiciales.

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