España: Tribunal reduce la condena a los violadores del caso “La Manada”
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra anunció el día de hoy que Ángel Boza, uno de los cinco hombres condenados en el histórico caso de violación en grupo de “La Manada”, ha visto reducida su condena en un año, de 15 a 14 años. La reducción de la pena de Boza se debe a una laguna jurídica en la controvertida ley sobre violaciones de la nación europea, que establece que “sólo sí significa sí”. La nueva legislación fue introducida por el Ministerio de Igualdad el pasado mes de noviembre en un intento de endurecer las penas por delitos sexuales, pero ha permitido a algunos delincuentes condenados reducir sus penas.
Estuvo en vigor durante seis meses hasta que el gobierno español impuso una enmienda urgente para cerrar esta laguna. Unos 1.100 delincuentes sexuales vieron reducidas sus penas durante este tiempo, entre ellos 115 personas que salieron de la cárcel gracias al adelanto de sus condenas. El abogado de Boza trabajó en un recurso para reducir su condena mientras la ley seguía vigente, que el tribunal resolvió este martes.
La legislación se elaboró tras el caso de “La Manada” de 2016, cuando Boza y otros cuatro hombres violaron a una joven de 18 años durante los Sanfermines, los encierros más populares de Pamplona. El caso provocó manifestaciones en toda España, ya que en un principio se les impusieron penas menores por abuso sexual, en lugar de violación, lo que llevó al Ministerio de Igualdad a cambiar la ley. Sin embargo, el propio Boza se ha beneficiado de la nueva legislación que se elaboró a raíz del clamor público. Fue el único de los cinco miembros de “La Manada” que se benefició de la ley.
Irene Montero, ministra española de Igualdad en funciones, promovió la ley, pero desde entonces se ha enfrentado a duras críticas de los partidos de la oposición, la sociedad civil, organizaciones jurídicas e incluso sus aliados políticos por sus fallos. La nueva ley pretendía ser más estricta que su predecesora. Sin embargo, según los expertos, la controversia gira en torno a la supresión de la distinción entre abuso sexual y agresión sexual, al tiempo que se recortan las penas mínimas y máximas de cárcel.
Aunque Boza ya había sido juzgado, el Código Penal español establece un principio que permite que las nuevas leyes penales se apliquen retroactivamente, solo si hacerlo beneficia al acusado. Cuando el Tribunal Supremo le juzgó en 2019, le impuso una pena de 15 años de prisión. Esta condena se aproximaba al mínimo legal establecido en aquel momento.
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