Guatemala aprueba ley que aumenta las penas por aborto y prohíbe el matrimonio igualitario
Durante los últimos dos años, algunos países de América Latina como México, Argentina y Colombia ampliaron el acceso al aborto, pero en otras naciones de la región, las tendencias conservadoras se siguen imponiendo: esta semana, el Congreso guatemalteco aprobó una polémica ley que convierte a Ciudad de Guatemala en la “capital provida” de Iberoamérica. La normativa, establecida como Ley de Protección de la Vida y la Familia, busca combatir a “grupos minoritarios” que son “incongruentes con la moral cristiana” y fue aprobada con 102 votos de diputados aliados a la bancada del partido Vamos, que apoya al presidente del país, Alejandro Giammattei.
La iniciativa aumenta las penas de prisión para las mujeres que abortan: antes debían cumplir de 1 a 3 años en la cárcel, y ahora las penas se elevaron a un mínimo de 5 y un máximo de 10 años para toda mujer “que se provoque el aborto o consienta que otra persona se lo provoque”. De igual manera, la ley reforma el Código Civil para prohibir explícitamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la enseñanza en las entidades educativas sobre la diversidad sexual, y políticas o programas “que tiendan a desviar su identidad según su sexo al nacer”, subrayando que el modelo de familia en Guatemala está constituido únicamente por “hombres, mujeres y niños”.
El defensor de los derechos humanos de Guatemala, Jordán Rodas, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), calificó la ley de violación de derechos y de “retroceso para la libertad” y que irrespeta “los acuerdos y convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala”. Además, el funcionario dijo que presentarán una “acción de inconstitucionalidad” ante las autoridades para que la normativa “no tenga efecto”.
Lesly Guerrero, asesora legal de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala, señalo que, a partir de ahora, “la educación pública o privada tendrá que regirse bajo criterios de promoción de valores heterosexuales, lo que va en contra de la Constitución que promueve los derechos humanos como parte de la educación”. De igual manera, la diputada opositora Lucrecia Hernández advirtió que esta ley “estigmatiza a las personas, discrimina y fomenta la intolerancia y los discursos y delitos de odio”.
Por su parte, el congreso dictaminó que la ley debe ser aprobada debido a que existen “grupos minoritarios en la sociedad que proponen corrientes de pensamiento y prácticas incompatibles con la moral cristiana”. El proyecto de ley fue presentado por primera vez en 2017 por el legislador de la bancada conservadora Viva, Aníbal Rojas, y en agosto de 2018 tuvo su primer y segundo debate a pesar de las críticas y advertencias sobre la vulnerabilidad de la mujer guatemalteca. Según el Observatorio de Salud Reproductiva, entre enero y diciembre de 2021 se registraron 72.077 nacimientos de adolescentes de entre 15 y 19 años, y 2.041 de niñas de 10 a 14 años.
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