La Universidad de Harvard presentó el lunes una demanda contra el gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, por la congelación temporal de más de USD $2.200 millones en fondos federales destinados a investigación. Esta acción legal surge tras la negativa de Harvard a cumplir con una serie de exigencias del gobierno que incluían reformas en políticas de admisión, auditorías sobre diversidad y restricciones al activismo estudiantil en el campus. La demanda fue presentada en Boston y menciona a varias agencias gubernamentales, entre ellas el Departamento de Educación y el Departamento de Salud.

El gobierno estadounidense, a través de una carta enviada a Harvard a principios de abril, exigió cambios radicales en la gestión educativa y en la política de admisión de la universidad, argumentando que la institución fomentaba un activismo considerado excesivo y que daba prioridad a estudiantes de minorías, algo que la administración republicana busca eliminar. Además, solicitó la auditoría de opiniones de profesores y estudiantes para garantizar diversidad ideológica y la exclusión de estudiantes internacionales considerados “hostiles a los valores estadounidenses”.

El presidente de Harvard, Alan Garber, declaró que las demandas del gobierno violan la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda de la Constitución y que la congelación de fondos afectaría gravemente programas de investigación vitales para la salud pública y la innovación tecnológica. Garber calificó las exigencias como “un intento de control sin precedentes sobre la universidad” y advirtió sobre las consecuencias severas y duraderas que tendría la suspensión de la financiación.

La demanda sostiene que no existe una conexión racional entre las preocupaciones del gobierno sobre el antisemitismo y la congelación de fondos para investigaciones médicas y científicas que buscan salvar vidas y mantener la posición de liderazgo de Estados Unidos en innovación global. Harvard también señaló que la medida afectaría a numerosos programas de investigación y a sus beneficiarios, además de dañar el interés nacional en el progreso científico.

Esta disputa representa un enfrentamiento significativo entre la universidad más antigua y rica del país y la administración Trump, que ha emprendido una campaña contra varias universidades de élite por supuestas “prácticas discriminatorias” a alumnos blancos y activismo político. Mientras Harvard ha optado por confrontar legalmente al gobierno, otras instituciones como Columbia han cedido a las demandas para evitar sanciones, y universidades como Yale y Princeton han expresado su apoyo a Harvard.

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