La Corte Interamericana de Derechos Humanos pide a Perú que se “abstenga” de liberar a Fujimori
La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió esta semana al gobierno peruano que se “abstenga” de ejecutar una orden del Tribunal Constitucional de ese país para la liberación del ex presidente Alberto Fujimori, dijo una ONG involucrada en el caso. Según la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Viviana Krsticevic, el tribunal pidió que se posponga la liberación de Fujimori hasta que se decida la apelación. El recurso fue presentado por las familias de las víctimas de las masacres cometidas durante el gobierno de Fujimori, por las que fue condenado en 2009 a 25 años de prisión.
El Tribunal Constitucional de Perú había ordenado el 17 de marzo la puesta en libertad del ex jefe de Estado, de 83 años, que padece numerosos problemas de salud. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y otras organizaciones habían pedido la suspensión de la excarcelación, argumentando que “las víctimas no fueron informadas ni escuchadas” en el proceso.
“Requerir al Estado del Perú que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos de Barrios Altos y La Cantuta se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de disponer la libertad de Alberto Fujimori, hasta tanto este Tribunal internacional pueda decidir sobre la solicitud de medidas provisionales”, reza el comunicado.
Keiko Fujimori y sus tres hermanos exhortaron en un vídeo publicado en redes sociales al gobierno peruano del izquierdista Pedro Castillo, a no desacatar el fallo del Tribunal Constitucional que ordenó liberar a su padre, responsabilizando al presidente “de las consecuencias que su decisión puede generar en la vida y su salud”, en caso de incumplirlo.
Alberto Fujimori es el único recluso del pequeño penal de Barbadillo, ubicado en el cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, en el este de Lima. Gobernó Perú con mano de hierro entre los años 1990 y 2000, pero ante la creciente oposición huyó a Japón, de donde es su familia, en noviembre de 2000 tras dimitir por fax. Llegó por sorpresa a Chile en 2005 y fue detenido y extraditado a Perú en 2007. Fue declarado culpable por la justicia peruana de crímenes de lesa humanidad por haber ordenado dos masacres perpetradas por un escuadrón de la muerte en 1991-1992, en el marco de la lucha contra el grupo guerrillero maoísta Sendero Luminoso.
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