La policía de Hungría prohibió este jueves la marcha alternativa al Orgullo LGBTQI+ que el Ayuntamiento progresista de Budapest había convocado para el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo, en respuesta al veto impuesto por el Gobierno ultranacionalista de Viktor Orbán. La convocatoria fue realizada por el alcalde de Budapest, Gergely Karácsony, quien declaró: “En esta ciudad no hay ciudadanos de primera ni de segunda clase… ni la libertad ni el amor pueden prohibirse, y el Budapest Pride tampoco”.

Hasta ahora, se esperaba la asistencia de decenas de miles de personas a la marcha, incluyendo al menos 70 eurodiputados de varios países, según confirmó la política neerlandesa Tineke Strik. Además, una delegación de políticos españoles, entre ellos el ministro de Cultura Ernest Urtasun, el diputado socialista Víctor Gutierrez y representantes de Esquerra Republicana, tienen planeado acudir al evento. “La manifestación va a ser histórica y muy potente”, afirmó Gutiérrez tras conocerse el veto, asegurando que las prohibiciones de Orbán solo movilizarán a más personas.

El alcalde Karácsony considera que la prohibición “no tiene validez” y sostiene que el Gobierno húngaro no puede intervenir en las competencias de la ciudad. En redes sociales, aseguró que el Ayuntamiento organizará la marcha del Budapest Pride como un evento municipal el 28 de junio. El veto se enmarca en una ofensiva legislativa iniciada por el Gobierno de Orbán, quien en marzo aprobó una ley que permite prohibir manifestaciones como el Orgullo, bajo el argumento de “proteger a la infancia”. Esta ley se suma a otras medidas inspiradas en políticas rusas, como la prohibición de estudios de género en universidades y sanciones a empresas por mostrar parejas homosexuales en publicidad. 

Por su parte, la Comisión Europea presentó un recurso contra Hungría ante el Tribunal de Justicia de la UE, argumentando que la normativa anti-LGBTQII+ de 2021 vulnera la Carta de Derechos Fundamentales. La abogada general Tamara Ćapeta declaró que Hungría “se ha desviado significativamente del modelo de una democracia constitucional” y que las normas del Ejecutivo de Orbán “se basan en un juicio de valor según el cual la vida homosexual y no cisgénero no tiene el mismo valor o estatus que la vida heterosexual y cisgénero”. 

Mientras tanto, organizaciones como Amnistía Internacional, Háttér Society y la ILGA denuncian que los derechos humanos de las personas LGBTQI+ están siendo desmantelados sistemáticamente en Hungría bajo el pretexto de preservar el orden público. Según la ILGA, Hungría es uno de los países de la UE con menor respeto a los derechos LGBTQI+, situándose en el cuarto puesto final en su clasificación anual.

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