México se moviliza con estudiantes y trabajadores en contra de la reforma del Poder Judicial
Este domingo 1° de septiembre se realizó tanto en la Ciudad de México como en varios estados de México una marcha en contra de una de las más controversiales reformas del saliente presidente Andrés Manuel López Obrador, la del Poder Judicial de la Federación. Tanto trabajadores del sector de la justicia como estudiantes se manifestaron para evitar que se realicen los cambios legislativos.
Entre las numerosas modificaciones, la reforma contempla la elección de los jueces por votación popular en las urnas, acorta el período de duración de estos cargos, reduce los sueldos y elimina la pensión vitalicia para actuales y futuros magistrados. AMLO argumenta que con las modificaciones busca acabar con la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial. Pese al firme rechazo de la oposición, el oficialismo cuenta con mayoría legislativa, por lo que esta iniciativa podría convertirse en ley este mismo martes en el Congreso.
En la marcha del domingo, los jóvenes arribaron a la emblemática columna en Paseo de la Reforma con pancartas que decían: “La juventud consciente se une al contingente”, “No hay futuro sin justicia”, “Estudiantes, egresados y profesores de la ELD en defensa del Poder Judicial”, “La justicia no se vota”, “La autonomía no es una tómbola”, “Poder Judicial, contrapeso nacional” y muchas más.
Los principales críticos de la medida expresan que, como se ha visto en otros lugares del mundo, la modificación haría que las cortes de justicia se vuelvan demasiado cercanas al poder político y muy dependientes de la voluntad del parlamento y del gobierno, y por lo tanto, dejen de operar realmente de una manera autónoma. De hecho, el Poder Judicial debe ser independiente de los otros poderes del Estado.
Organizaciones como Human Rights Watch y la Asociación Internacional de Jueces han alertado sobre los peligros que implicarían estos cambios. Según el Índice Global de Estado de Derecho 2023 del World Justice Project (WJP), México se ubica en el lugar 116 de 142 países evaluados. Esta medición considera varios factores, entre ellos, el acceso a la justicia y la falta de corrupción. En Latinoamérica figura en el puesto 27 de 32, con una calificación decreciente desde su primera evaluación en 2015.
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