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Perspectives

No lo llamemos “objeción de conciencia”: es negarse a la prestación del servicio médico

¿Deben los juicios morales afectar a la atención médica? Fotografía: The New York Times
Words mor.bo Reading 5 minutos

En las últimas dos décadas, al menos 30 países (entre ellos, recientemente, Irlanda, Chile, Argentina y México) han tomado medidas para mejorar el acceso al aborto mediante cambios legislativos. Sin embargo, muchos médicos han intentado eximirse de estas nuevas leyes. Como resultado, médicos, enfermeras, matronas, farmacéuticos e incluso hospitales enteros de todo el mundo han negado a las mujeres y personas gestantes el acceso a la atención del aborto en los países donde el procedimiento es legal. Un informe de 2018, llamado Unconscionable: When Providers Deny Abortion Care, publicado por la Coalición Internacional por la Salud de las Mujeres, basado en la consulta a 45 expertos en 22 países, desde Italia y Ghana hasta Sudáfrica y Uruguay, y que encontró que más de 70 jurisdicciones tienen disposiciones que permiten a los médicos negar la atención en base a sus creencias personales, un fenómeno conocido como “objeción de conciencia”.

¿Qué es la objeción de conciencia? Pues, es esencialmente un término elegante con tintes morales para negarse a la prestación del servicio médico. Tiene su origen en Europa y Norteamérica como respuesta al reclutamiento para el servicio militar, donde los ciudadanos, basándose en sus creencias morales o religiosas, podían renunciar al combate obligatorio y, a cambio, participar en un servicio alternativo. Los objetores de conciencia militar, a diferencia de quienes lo hacen en el ámbito de la salud, son vigorosamente vetados por las autoridades y se enfrentan al estigma, la discriminación e incluso castigos por su posición antiguerra. Algunos médicos, en cambio, usan el término para darle privilegio a la creencia personal sobre la conducta profesional y el derecho al acceso y a la prestación de atención sanitaria.

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Alterum non laedere

Muchos de estos médicos que usan el término para no practicar abortos se apoyan en el axioma alterum non laedere, principio que ordena no causar daño al otro. Por supuesto, ellos lo aplican al infante en el vientre de la mujer o persona gestante, pero no a quien requiere de la atención médica. En el corazón de la profesión sanitaria está la promesa del proveedor de que el bienestar del usuario es lo primero, y la excusa de la “objeción de conciencia” para negar servicios de aborto violan esta promesa de no perjudicar: así, las decisiones de los “objetores de conciencia” se basan en convicciones personales en vez de juicios profesionales, y darle prioridad a tales decisiones es un conflicto directo con la justificación misma de la existencia de esta profesión.

No es ético permitir que las creencias personales o religiosas afecten el derecho propio del usuario a solicitar atención sanitaria esencial.

El modelo nórdico a seguir

A nivel mundial, la legislación es un poco gris al respecto: hay países que permiten la no prestación del servicio del aborto por razones personales o religiosas (siempre y cuando se trate de prácticas privadas y no en instituciones públicas), esto debido a que la legalización del aborto en esos países parte de una despenalización del mismo y no como un derecho esencial de la mujer o de las personas gestantes. En países como Suecia, Finlandia e Islandia, esta perspectiva ética se usa para dar forma a la práctica de la ley de atención sanitaria. En estas naciones no se permite bajo ningún motivo que los proveedores de salud pública nieguen la prestación de servicio médico legal por razones relacionadas con creencias personales, cuando este servicio es parte de sus deberes profesionales. Ya que el aborto es un deber de los ginecólogos obstetras y las matronas, los empleadores lo consideran como un requisito laboral, y pueden decidir no emplear a un profesional contrario al aborto.

Adicionalmente, en las escuelas de medicina hay una formación obligatoria sobre los servicios de aborto para estas especialidades que refuerza este enfoque, argumentando que no hay ningún tipo de estigma con respecto a la interrupción del embarazo, y que si esto es un problema para futuros especialistas como ginecólogos obstetras y matronas, son impulsados a cambiar de especialidad para que sus creencias no afecten ni la prestación ni la calidad del servicio. De igual manera, el personal administrativo, tampoco puede hacer este tipo de objeciones que afecten, en última instancia, a la persona que solicita el procedimiento.

Derechos y consecuencias

Este fenómeno, además de violar el principio ético de “no causar daño,” tiene graves consecuencias para las mujeres y personas gestantes, especialmente para aquellas que ya están en situación de vulnerabilidad y marginación. Una mujer a la que se niega un aborto, puede no tener más opción que continuar con un embarazo no deseado. Podría recurrir a un aborto clandestino e inseguro, con la probabilidad de enfrentar severas consecuencias para su salud e incluso riesgo de muerte. Puede sentirse forzada a buscar otro proveedor que sea más costoso en tiempo y dinero. Todos estos escenarios conducen a problemas de salud, angustia mental y dificultades económicas.

Así, el esfuerzo hecho por activistas feministas por décadas para permitir el acceso libre al aborto parece seguir teniendo trabas por decisiones individuales que no solo violan la ética médica, sino los derechos de las mujeres y personas gestantes, a quienes por ley debe permitírseles la interrupción del embarazo sin juicios morales o religiosos.

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