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Panamá: 5 claves para entender el escándalo de abusos y violaciones en albergues infantiles

Al parecer hay docenas de víctimas hasta los momentos, pero podrían estar en los centenares. Fotografía: La Prensa Panamá
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En los últimos días se ha suscitado en Panamá un escándalo por abuso sexual y maltratos a menores: luego de más de 50 testimonios y una investigación que duró seis meses, un grupo parlamentario creado por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional panameña denunció “evidencias concretas de abusos, violencia y maltratos físicos a niños, niñas y adolescentes” en refugios para menores de edad, que acogen a niños provenientes de hogares vulnerables o en situaciones de pobreza extrema.

Los albergues están bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), entidad pública multisectorial, por lo que el suceso se ha conocido como el Caso Senniaf. Durante los últimos días, la sociedad civil se ha organizado en protestas multitudinarias frente al ente público, reclamando respuestas debido a la gravedad de las denuncias, así que hoy les ofrecemos cinco claves para entender qué es lo que sucede con esta denuncia.

1. Lo que se reveló en el informe parlamentario

Según destaca Mi Diario, el informe destacó que hay albergues en Panamá que operan sin permiso o con autorización provisional, y que incluso había algunos de los que Senniaf desconocía su existencia y que en su mayoría están administrados por fundaciones, organizaciones no gubernamentales e instituciones religiosas, principalmente evangélicas. “A algunos menores se les negaba la comida, a otros niños que tienen trastornos psiquiátricos se les privaba de los medicamentos”, denunció la diputada Walkiria Chandler, una de las integrantes de la comisión investigadora.

Reveló que encontraron recintos con la presencia de entes religiosos donde a los menores ‘”es decían que no hacía falta la medicación y que era mejor orar”, incluso a aquellos que tenían trastornos serios como epilepsia. “Nos llama la atención la inactividad de la institución, pues trabajadores sociales elevaron informes sobre estas irregularidades a la misma Senniaf, en muchos casos se les destituyó y no se tomaron medidas en los albergues. Los menores tenían que seguir conviviendo con sus abusadores”, añadió. Las revelaciones incluyeron abusos sexuales contra niñas, principalmente con discapacidad, a quienes obligaban a interrumpir embarazos cuando estos sucedían

2. Más problemas

Mi Diario también destacó que el informe enumero las deficientes condiciones con las que tienen que vivir los menores, pues en muchos de ellos no hay segregación de sexo o edad y “se mezclaba a hombres y mujeres, menores de edad con discapacidad incluso con personas que estaban en proceso desintoxicación de consumo de drogas y otros adultos mayores”. De manera preocupante, el reporte señala que “el 90% de los albergues no cuentan con recurso humano especializado técnicamente en el trabajo” de menores.

Hasta los momento solo se conocen decenas de víctimas, pero no se descarta que hayan cientos de menores afectados, y que esta sea una irregularidad que se venga dando en el país “desde hace varias administraciones”.

3. Ya se conocían previas denuncias

De acuerdo con un informe del diario Prensa, dos trabajadoras sociales, Chanita Chamarra y María Victoria Pomar, fueron destituidas de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), por haber elaborado un informe en el que se denunciaban terribles atrocidades en los albergues del área metropolitana de Panamá, Tocumen y el Refugio Vida Libre de Las Garzas.

Los despidos se dieron meses atrás porque el documento incomodaba a la burocracia. Ahora, tras el informe de la Asamblea Nacional, preparado luego de seis meses de investigaciones, se confirmaron los horrendos hechos cometidos contra decenas de menores de edad, incluyendo personas con discapacidad, dándole a estas trabajadoras el status de heroínas silenciosas del caso. El medio también destaca que la última directora del albergue Centro de Atención Integral Fundación Chilibre Panamá, en Tocumen, Xenia Medina, presentó un informe de los primeros 45 días de gestión a la entonces directora de la Senniaf, Jazmín Cárdenas, en el que le detallaron anomalías, como el uso de esposas para controlar a niños con discapacidades.

4. La respuesta del Senniaf

Ante las acusaciones, el Senniaf emitió un comunicado en el que reafirmó su compromiso de “salvaguardar los derechos y cuidados especiales a los niños en los Centros de Protección”, afirmando que fortalecerán la presencia institucional. El texto uindicó que tomarán “las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole” para evitar que en el futuro se susciten nuevos hechos como los denunciados por el grupo parlamentario, y garantizar así, la protección a la niñez y adolescencia que están en custodia.

Adicionalmente, la directora de la institución, Mayra Inés Silvera, señaló que ya se cerraron ocho albergues y que se van a continuar haciendo visitas en sitio para detectar irregularidades. Afirmó que al igual que la población panameña está “indignada con el hecho aberrante” y que se presentarán las denuncias correspondientes contra los responsables “no importa quién sea”. Para el seguimiento ciudadano, el Observatorio contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes de la Universidad de Panamá se encargarán del seguimiento del tema.

5. La Unicef pide una investigación

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), expresó su “profunda preocupación” por las denuncias de abuso contra niños, niñas y adolescentes, instando a las autoridades competentes a realizar las investigaciones pertinentes “con la mayor prontitud posible”, a fin de determinar los hechos y las responsabilidades que corresponda, “teniendo como prioridad la atención de las víctimas del delito y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental”.

“Unicef lamenta los hechos denunciados y recuerda a las autoridades que los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en los albergues están bajo la protección especial del Estado”, destacó la organización en un comunicado, señalando que para poder avanzar de manera efectiva en la prevención de cualquier forma de violencia, abuso y maltrato se deben dejar de lado “intereses individuales o corporativos y poner a la niñez primero”.

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