Poder Judicial de Perú ordena al Ministerio de Salud garantizar el abastecimiento de medicamentos para personas con VIH
El Poder Judicial de Perú ordenó recientemente al Ministerio de Salud (Minsa) garantizar el abastecimiento y entrega gratuita de medicamentos de primera línea para el tratamiento del VIH, específicamente Tenofovir, Lamivudina y Dolutegravir. La resolución, emitida por el Primer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, responde a la crisis de desabastecimiento crónico que afecta a miles de personas en el país y busca proteger su derecho a la salud y a la vida. La sentencia se dio a conocer tras una demanda presentada por diversas organizaciones y activistas.
El proceso judicial se originó debido a múltiples denuncias sobre la falta constante de antirretrovirales en centros de salud públicos, que obligaba a que pacientes recibieran dosis incompletas, cambiaran sus esquemas de tratamiento o peor, abandonaran la terapia. El Grupo Impulsor de Vigilancia en Abastecimiento de Medicamentos Antirretrovirales (GIVAR), Promsex y AIS Perú fueron parte fundamental en esta demanda, alertando que más de 90.000 personas con VIH se encontraban en riesgo.
Los reportes indican que entre 2023 y 2024 hubo cerca de 277 denuncias por desabastecimiento, con algunas regiones afectadas severamente, como Loreto, donde en 2024 el déficit llegó a superar el 90%. En Lima Metropolitana, el faltante de medicamentos alcanzó un 40%. Muchos pacientes recibieron cantidades insuficientes o tuvieron que cambiar su tratamiento, lo que provoca efectos adversos y aumenta el riesgo de resistencia terapéutica, explicó Marlon Castillo, coordinador de GIVAR.
La jueza Sara Milka Meza Soria señaló que el Minsa incumplió su obligación de asegurar el suministro continuo y oportuno, atribuyendo esta falla a una gestión insuficiente y falta de planificación, no a negligencia absoluta. En su fallo, destacó: “No basta con responder formalmente a los pedidos o prometer compras futuras, sino que se debe asegurar la entrega oportuna y completa de los fármacos”.
El tribunal además ordenó que el Ministerio de Salud asuma los costos del proceso legal, debido a que su “conducta renuente” obligó a las organizaciones a acudir a la justicia. La sentencia fue celebrada por los colectivos que impulsaron la demanda, como Promsex, quien afirmó que es un “precedente histórico” que reafirma el derecho a un tratamiento continuo y seguro para las personas que viven con VIH, al mismo tiempo que hizo un llamado a las autoridades sanitarias y al Poder Ejecutivo para actuar con “responsabilidad, transparencia y urgencia” y evitar que ninguna persona interrumpa su tratamiento ni vea comprometido su derecho a la vida y a la salud.
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