Ya se acerca una nueva fecha en el calendario de elecciones del continente sudamericano: el próximo 17 de diciembre, Chile irá nuevamente a las urnas a emitir su opinión en el Plebiscito Constitucional 2023, que definirá si el país tendrá finalmente una nueva carta magna. Como ya sabemos, en las últimas semanas, el Consejo Constitucional estuvo votando las enmiendas que se definieron durante todo el proceso, que comenzó con un primer borrador de la Comisión de Expertos, pasando en primera instancia por el pleno y posteriormente por las comisiones especializadas de los consejeros. Ahora, queda en manos de los chilenos responder a una pregunta importante: “¿Está usted a favor o en contra del texto de Nueva Constitución?”

En esta oportunidad, 15 millones de chilenos tendrán el derecho y la obligación (el voto es obligatorio) de participar en este proceso. Como es usual en estos casos, las personas tendrán dos opciones para escoger: apruebo y rechazo, iguales al referéndum anterior. En los últimos días, hemos visto como muchas organizaciones han estado haciendo campaña por el no, así que hoy decidimos adentrarnos un poco más en por qué el rechazo de este proyecto es importante para buena parte de la población. Los columnistas Paola Bordón y Bernardo Lara exponen en El País cómo los artículos del nuevo texto favorecen solo al sector político y no a la población. “Pasamos de una propuesta que no entendía la importancia del derecho de propiedad, a una que cree que el derecho a la propiedad lo es casi todo”, dicen.

Explican, por ejemplo, que el texto propuesto refleja una fijación por el derecho de propiedad. Afirman que las cotizaciones obligatorias de salud o previsión tienen que ser portables entre el sistemas público y el privado, mientras que otros artículos “constitucionalizan el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que reciben sus hijos, incluso al punto de constitucionalizar la enseñanza en el hogar (homeschooling) como derecho y de prohibir el financiamiento preferente a las instituciones educacionales del Estado”. También señalan que aunque se declaran derechos sociales, el financiamiento para la satisfacción de esos derechos se reduce, pues erosiona la recaudación fiscal. “En particular, la constitucionalización de una exención de toda contribución o impuesto territorial en la práctica nos deja sin la posibilidad de un impuesto altamente progresivo, fácil de fiscalizar y que usualmente es usado para el financiamiento de bienes y servicios públicos locales (tan demandados por la ciudadanía)”. De igual manera, destacan que se constitucionaliza el derecho a deducir gastos “necesarios para la vida, cuidado o desarrollo de la persona y su familia” de la base impositiva… sin definir cuáles son exactamente esos gastos.

El nuevo proyecto de constitución también define que “la ley protege la vida de quien está por nacer”, y que “se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad” en artículos que muy seguramente estarán en directa oposición con la ley de aborto tres causales que rige en Chile desde 2017 y que permite la interrupción del embarazo en caso de peligro de vida de la madre, malformación fetal y violación. La objeción de conciencia para médicos que se oponen al aborto también tuvo cabida en el texto, estipulada como “El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión comprende, además, la objeción de conciencia, la que se ejercerá de conformidad a la ley”. Adicionalmente, se incluye una polémica enmienda sobre la expulsión de migrantes que ingresen por pasos no habilitados “en el menor tiempo posible”. En cuanto a los crímenes contra mujeres y niñas como delitos sexuales, robos con violencia o feminicidios, estos se convierten en delitos no prioritarios, pues se deberá crear un consejo que será consultado por el Fiscal de turno. De igual manera, delitos como la corrupción parece que deberán recorrer caminos más burocráticos y largos para ser juzgados.

Sin embargo, una de las propuestas más preocupantes es que se eleva el quórum constitucional a 3/5, mayor al actual, que es de 4/7. Esto quiere decir que, de ser aprobada, la constitución será más difícil de modificar y que dará luz verde a una serie de políticas públicas que fueron objeto de rechazo en las numerosas marchas ciudadanas de los últimos años. Así que antes del 17 de diciembre te recomendamos que leas el texto completo de la propuesta constitucional y evaluar qué es lo que realmente quieres para tu país: tu indiferencia, cansancio o aburrimiento del tema podrían afectar tu futuro inmediato. Es tu deber como ciudadano mantenerte informado y garantizar que el país tenga una constitución justa y necesaria para las generaciones actuales y las que están por venir.

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