Venezuela: Preocupación por la creciente criminalización de la comunidad LGBTQI+ tras redadas y detenciones injustificadas
El pasado 23 de julio, la policía venezolana arrestó a 33 hombres en Avalon Man Club, un sauna y spa privado frecuentado por la comunidad LGBTQI+ en Valencia, en el estado venezolano de Carabobo, cercano a la capital, Caracas. Los hombres fueron llevados a la comisaría, donde fueron fotografiados alineados a lo largo de una pared. La policía también fotografió sus pertenencias, incluidos documentos de identidad, teléfonos móviles y preservativos. Estas imágenes fueron compartidas en los medios locales y en las redes sociales con sus identidades sin editar. Los nombres y edades de los hombres también se compartieron públicamente.
El 26 de julio, los 33 hombres fueron trasladados a los juzgados de Valencia. El tribunal confirmó tres cargos presentados por el fiscal contra ellos: indecencia pública, un delito punible con varios meses de prisión, así como asociación ilícita y contaminación acústica. Al término de la audiencia, 30 de ellos quedaron en libertad, pero con la obligación de presentarse a las autoridades cada 30 días. Pero las cosas no terminaron ahí. Los cargos contra los hombres no han sido desestimados, a pesar de las demandas de los activistas. El 1° de agosto, el fiscal general del país, Tarek William Saab, anunció que el caso posiblemente podría ser sobreseído, y varias asociaciones LGBTQI+ venezolanas han denunciado lo que ven como una tendencia creciente de “criminalización” de personas queer y homofobia institucionalizada en Venezuela.
Lamentablemente, esta no es la primera vez que esto sucede: en los últimos meses han habido allanamientos policiales a instalaciones de ocio LGBTQI+ en Caracas, Maracaibo y Mérida. Jau Ramírez, director de SOMOS, un movimiento que trabaja por los derechos de las minorías sexuales en Venezuela, relata que entre enero de 2021 y diciembre de 2022, documentaron 11 detenciones arbitrarias de personas LGBTIQ+, realizadas por las fuerzas de seguridad. “En cuatro casos, fueron acompañadas de extorsión, violencia física, verbal y psicológica y actos de tortura”. Hablando del caso más reciente, Ramíez dice que “estos 33 hombres fueron detenidos arbitrariamente, sin orden judicial ni orden de allanamiento. Es más, la policía y los medios locales luego difundieron información personal sobre ellos y declararon que uno de ellos tenía VIH, con el fin de estigmatizarlos, criminalizarlos, dar la impresión de que eran un peligro para la sociedad y así justificar la violación de sus derechos. derechos. Al principio incluso se dijo que estaban participando en una orgía y filmando escenas pornográficas”.
Iván Valera Benitez, de 30 años de edad, fue uno de los detenidos, y contó esta semana a BBC todos los pormenores de la detención. Explicó que las autoridades les quitaron sus teléfonos, y que revisaban sus fotos y vídeos personales. “Una funcionaria agarraba el teléfono (de alguien), lo desbloqueaba y empezaba a revisar sus fotos, sus videos, su vida privada. Y le decía: ‘¿Esto eres tú? ¿Esto es lo que tú haces?’. Llamaba a sus compañeros funcionarios y les decía: ‘Tan calladito que se ve y mira lo que está haciendo. ¿Este es tu miembro?'”. Afirmó que les hicieron una foto delante de una mesa con las “pruebas”, “que para ese momento eran los preservativos, los lubricantes, los celulares, las cédulas y un frasquito de popper, que nunca se entendió de dónde salió”. Valera contó que “hubo gente que se desmayó, gente que lloraba inconsolablemente, gente que se molestó. En mi caso, yo estaba desesperanzado. ‘Cómo salgo de esto? ¿Cómo explico algo que no tiene explicación?’. Ser virales por algo que no estaba pasando”.
Según Jau Ramírez, la situación actual sentó un precedente legal. “No hemos visto algo así en Venezuela desde finales de los 90. Desde el inicio de este caso, la policía y el poder judicial han actuado de manera homófoba, con el objetivo de criminalizar a las personas LGBTQI+”, y tiene sus reíces en la “injerencia de los grupos ultrarreligiosos y su dogmatismo en las instituciones del Estado”. Como ejemplo, explica que en 2019, el presidente Nicolás Maduro creó el Día Nacional del Pastor Evangélico. En 2022, su hijo fue nombrado vicepresidente de asuntos religiosos dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, un nuevo cargo. Además, Maduro ha estrechado recientemente lazos con ciertos sectores evangélicos, muy activos en la oposición a los derechos de la comunidad LGBTQI+. En julio, el gobierno decidió que se consultaría a los grupos religiosos sobre cualquier iniciativa legislativa que involucre a la familia. Este acercamiento es parte de una “estrategia política” con miras a 2024 y las elecciones presidenciales, y lamentablemente, los miembros de la comunidad LGBTQI+ ya están sintiendo los efectos de esta asociación.
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